Por: Daniel Goryn Ceo de GrAnci Family Office
Mientras el precio del cobre alcanza niveles históricamente elevados, Chile enfrenta una paradoja: produce menos mineral y depende de ingresos extraordinarios para sostener sus cuentas fiscales. Con una producción que podría caer a su menor nivel desde 2003, el desafío no es solo aprovechar el ciclo favorable, sino recuperar la capacidad minera, fortalecer la recaudación no minera y evitar que recursos transitorios financien compromisos permanentes.
Noviembre de 2026
Chile enfrenta una contradicción que debería ocupar un lugar prioritario en la discusión económica. Mientras el cobre se aproxima a los US$6 por libra, el país se encamina a registrar su menor producción en más de dos décadas. El mayor precio del principal producto de exportación ofrece un alivio para las finanzas públicas, pero también deja al descubierto una debilidad estructural: estamos vendiendo más caro lo que producimos cada vez menos.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyecta para 2026 un precio promedio de US$6,18 por libra y una producción nacional de 4,94 millones de toneladas, equivalente a una caída de 8,4% respecto de 2025. La cifra contrasta con las expectativas de fines del año pasado, cuando se anticipaban 5,61 millones de toneladas.
La diferencia evidencia el deterioro de la capacidad productiva nacional. Y aunque el precio internacional permite compensar parcialmente esa caída en términos de ingresos, no resuelve el problema de fondo: un ciclo favorable de precios no reemplaza una estrategia de crecimiento sostenido.
Una industria que necesita producir más, no solo vender mejor
El retroceso minero responde a factores operacionales y estructurales. Mantenciones, condiciones climáticas adversas y accidentes han afectado la actividad, pero también existen desafíos más persistentes, como la disminución de las leyes del mineral, el agotamiento de yacimientos de óxidos y las restricciones de acceso al agua.
Según Cochilco, Escondida, Codelco y Spence explican el 77,3% de la disminución neta de la producción nacional. Esto confirma que el problema no se limita a la empresa estatal, sino que compromete a una parte relevante de la industria.
Codelco, sin embargo, representa uno de los casos más sensibles. Su menor producción, el elevado endeudamiento y los retrasos en proyectos estratégicos han incrementado la presión sobre una compañía cuya contribución a las finanzas públicas sigue siendo fundamental. La situación de El Teniente, afectada por el accidente de 2025, demuestra además que la seguridad operacional es inseparable de la continuidad productiva.
Las perspectivas de recuperación son moderadas. Cochilco estima que Chile alcanzaría 5,08 millones de toneladas en 2027, recuperando aproximadamente un tercio de la producción perdida durante este año.
A ello se suma una característica relevante de la inversión minera. La cartera nacional para 2025-2034 alcanza US$104.549 millones, pero una proporción mayoritaria está destinada a reposición y ampliación de operaciones existentes.
En otras palabras, buena parte de los recursos comprometidos permitirá sostener la producción actual y compensar el deterioro de los yacimientos, antes que generar aumentos significativos de capacidad.
El riesgo de financiar gastos permanentes con ingresos extraordinarios
El alto precio del cobre ha contribuido a mejorar las perspectivas de recaudación fiscal. Sin embargo, esta mayor disponibilidad de recursos puede generar una percepción equivocada de holgura presupuestaria.
Las proyecciones de la Dirección de Presupuestos muestran la importancia de los aportes de la minería privada y de Codelco a los ingresos del Estado. Al mismo tiempo, la debilidad de la recaudación no minera evidencia que el conjunto de la economía no está generando el dinamismo necesario para sostener mayores compromisos fiscales.
La situación adquiere especial relevancia considerando que el Banco Central redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 a un rango de 0,25% a 0,75%, incorporando entre sus factores explicativos la menor producción minera y el debilitamiento de la demanda interna.
El Consejo Fiscal Autónomo también ha advertido que, entre 2028 y 2031, los ingresos estructurales proyectados no serían suficientes para financiar simultáneamente el gasto previsto y cumplir las metas fiscales. Sus estimaciones indican, además, que la probabilidad de superar el nivel prudente de deuda pública de 45% del PIB en 2029 es superior al 50%.
El mensaje es claro: el mayor precio del cobre ofrece una oportunidad para fortalecer las cuentas públicas, pero no constituye una garantía de ingresos futuros.
Por ello, cualquier mejora transitoria debería destinarse prioritariamente al ahorro fiscal, la reducción de necesidades de endeudamiento y el fortalecimiento de la capacidad económica del país.
Disciplina fiscal sin debilitar las fuentes de crecimiento
El desafío fiscal requiere decisiones que combinen responsabilidad presupuestaria con incentivos efectivos para la inversión.
La Ley 21.850 establece una reducción gradual del impuesto de primera categoría para las empresas del régimen general, desde 27% hasta 23% en 2029. Sus defensores argumentan que una menor carga tributaria puede estimular la inversión, fortalecer la competitividad y generar mayor crecimiento en el largo plazo.
Sin embargo, la medida también plantea una interrogante legítima respecto de su impacto en la recaudación fiscal durante un período de estrechez presupuestaria.
La discusión no debería limitarse a la conveniencia de reducir impuestos, sino incorporar mecanismos que permitan compensar sus efectos fiscales y evaluar sus resultados económicos. La estabilidad tributaria es importante para los inversionistas, pero también lo es la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En paralelo, resulta indispensable avanzar en una revisión rigurosa de las exenciones tributarias, fortalecer la fiscalización y mejorar la eficiencia del gasto estatal.
Los ajustes presupuestarios deben responder a evaluaciones de impacto y resultados, evitando reducciones uniformes que puedan debilitar instituciones esenciales para la recaudación, la inversión y el crecimiento.
Codelco merece una política de largo plazo. La decisión de capitalizar el 100% de sus utilidades correspondientes a 2025, por US$2.422 millones, constituye una señal de respaldo a su recuperación. No obstante, una parte importante de esa utilidad corresponde a valorizaciones contables asociadas al negocio del litio y no a generación efectiva de caja.
Por ello, la capitalización de la estatal debería formar parte de una estrategia plurianual vinculada a metas verificables de producción, costos, endeudamiento y ejecución de proyectos.
Recuperar la inversión minera: una tarea estratégica
Chile dispone de recursos geológicos, experiencia técnica y una posición relevante en los mercados internacionales. Sin embargo, transformar esas ventajas en mayor producción exige resolver obstáculos que han limitado el desarrollo de nuevos proyectos.
La modernización del sistema de permisos representa una oportunidad, siempre que se traduzca en procedimientos más eficientes, plazos verificables y mayor capacidad técnica de los organismos evaluadores, sin debilitar los estándares ambientales y de seguridad.
La certeza jurídica también debe ocupar un lugar central. Los inversionistas necesitan reglas estables, criterios claros y procesos previsibles para comprometer capital en proyectos cuya maduración puede extenderse durante décadas.
En este contexto, la prioridad debería concentrarse en cuatro ámbitos: acelerar responsablemente la ejecución de proyectos, incentivar la exploración de nuevos yacimientos, desarrollar infraestructura hídrica mediante desalación y fortalecer la incorporación de tecnologías que permitan explotar minerales cada vez más complejos.
La recuperación de Codelco constituye otro componente decisivo. La empresa necesita mejorar su productividad, recuperar la confianza en su gestión y fortalecer sus mecanismos de control y transparencia, con indicadores auditables y seguimiento público de sus principales inversiones.
Las asociaciones con el sector privado también pueden desempeñar un papel relevante cuando permitan incorporar financiamiento, capacidades tecnológicas y experiencia operacional.
Un punto que no admite relativizaciones es la seguridad. La tragedia de El Teniente, que costó la vida a seis trabajadores, recordó que ninguna meta de producción puede anteponerse a la protección de las personas. Una minería competitiva debe ser también una minería segura.
El debate que Chile no puede postergar
Existen distintas visiones respecto de cómo enfrentar este escenario.
Para algunos economistas, la reducción de impuestos y la simplificación regulatoria constituyen las principales herramientas para reactivar la inversión y ampliar la base tributaria futura. Otros advierten que la sostenibilidad fiscal requiere fortalecer los ingresos permanentes y revisar la distribución de la renta generada por los recursos naturales.
Desde la industria minera, también existen diferencias sobre el peso de los factores que explican la caída productiva. Mientras algunos destacan el impacto de los permisos y la incertidumbre regulatoria, otros subrayan el deterioro de las leyes minerales, las dificultades técnicas y los ciclos propios de los grandes yacimientos.
Estas posiciones no necesariamente son excluyentes. Chile necesita reglas claras para invertir, instituciones capaces de administrar los procesos de evaluación y una estrategia fiscal que no dependa excesivamente de los ciclos internacionales de materias primas.
La oportunidad que ofrece el actual precio del cobre debe aprovecharse para acelerar decisiones estructurales, no para postergarlas.
Una oportunidad que no debe confundirse con una solución
El desafío económico de Chile no consiste únicamente en administrar los ingresos que hoy genera el cobre, sino en construir las condiciones para producir más y diversificar las fuentes de crecimiento y recaudación.
El precio internacional puede mejorar temporalmente las cuentas públicas, pero no corrige por sí solo la pérdida de productividad minera, el retraso de inversiones ni la debilidad de los ingresos tributarios provenientes del resto de la economía.
La experiencia demuestra que los períodos de bonanza son precisamente aquellos en los que resulta más importante mantener la disciplina fiscal y preparar al país para escenarios menos favorables.
Chile debe aprovechar el alto precio del cobre para recuperar su capacidad productiva y fortalecer sus finanzas públicas, no para comprometer recursos que podrían no estar disponibles mañana.
Porque el cobre puede ayudar a pagar la cuenta de hoy. Pero el crecimiento, la inversión y la responsabilidad fiscal serán los que determinen si Chile podrá financiar sus compromisos de 2030.
