Por Tomás Koch, Director de Compliance de ProntoPaga
En el ecosistema de servicios y pagos digitales, la mitigación de riesgos no debiera ser solo una responsabilidad de las empresas paytech, sino un compromiso compartido entre el sector privado y el Estado. Sin embargo, la falta de avances legislativos en esta materia genera brechas de riesgo que obliga a las compañías a asumir, por cuenta propia, la tarea de garantizar la seguridad y confianza del sistema.
Chile ha logrado un importante desarrollo tecnológico y un ecosistema de pagos cada vez más sofisticado y conectado con otras economías, pero la regulación no ha evolucionado al mismo ritmo. Mientras en otros países los marcos normativos se actualizan para resguardar la integridad del sistema financiero, regulando prudencialmente actividades económicas digitales complejas, aquí las definiciones se demoran. Este rezago no solo limita la innovación: también amplía los escenarios de riesgo y expone a los usuarios y al sistema financiero a potenciales vulnerabilidades que podrían prevenirse con reglas claras y modernas.
Los desafíos generados por los fraudes o el uso indebido de plataformas de pago para el lavado de activos son cada vez más complejos, y no pueden abordarse solo desde el cumplimiento privado. En ausencia de una regulación prudencial robusta a los servicios digitales, las empresas del sector paytech han debido implementar estándares internacionales y protocolos de prevención y detección más exigentes, no por obligación, sino por convicción: porque la confianza es el verdadero capital del ecosistema digital.
La prevención y detección de riesgos requieren colaboración y una institucionalidad que acompañe el ritmo de la innovación. Mientras la discusión pública avanza con fuerza en ciertos ámbitos del mundo digital, la regulación prudencial sobre sectores de riesgo de mal uso para fraudes y lavado de activos continúa quedando rezagada. Cada mes que pasa sin una claridad normativa es una oportunidad perdida para fortalecer la seguridad del sistema, reducir vulnerabilidades y entregar certezas tanto a los consumidores como a los actores del mercado, y al mismo tiempo, una oportunidad para quienes quieren mal utilizar dichos sectores digitales desregulados para cometer fraudes y/o lavado de activos.
Cumplir con la normativa no debería ser un fin en sí mismo, sino el punto de partida para construir un sistema de pagos transparente, confiable y preparado para los desafíos que vienen, pero se requiere de leyes y reglas que cierren las brechas de riesgo, tal como lo han hecho otros países de la región. La innovación no puede prosperar sin confianza, y la confianza no puede sostenerse sin reglas claras.
Solo con una visión regulatoria moderna y una colaboración real entre el Estado y la industria podremos consolidar un entorno digital que combine agilidad, seguridad y responsabilidad compartida, impulsando así la competitividad regional de Chile frente a otros mercados que ya han avanzado en la actualización de sus marcos regulatorios para sectores de servicios digitales emergentes.
