Chile se ha situado en una línea de vanguardia en el mundo, abordando armónicamente todos los aspectos claves para el desarrollo sustentable y exitoso de la industria del litio.
Sin duda una de las pasiones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, es la administración pública. No es solo una de las personas que más conoce esta área, sino que prácticamente toda su vida profesional ha estado al servicio del Estado tanto como autoridad en algunas ocasiones, y en otras, desde afuera, buscando soluciones para mejorar la gestión y con ello beneficiar a la ciudadanía en su conjunto.
Llegó en marzo de 2022 a Teatinos 120 cruzando desde su oficina anterior como presidente del Banco Central por seis años donde adoptó importantes decisiones en dos eventos distópicos que como sociedad enfrentó Chile: el estallido social y la pandemia. Por las decisiones de política monetaria fue designado en 2021 como Banquero Central del año, por la publicación inglesa especializada Central Banking.
Este Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y M. Phil. en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido partió su servicio público en los 90 cuando aterrizó como asesor al Ministerio de Hacienda donde peldaño a peldaño llegó al cargo de Director de Presupuestos. En ese período, durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, lideró la implementación de la regla fiscal estructural que ya cumple 23 años.
Luego, desde la acera privada encabezó la primera comisión para analizar reformas al sistema previsional que lleva su nombre, para después partir hacia Francia y Estados Unidos a liderar equipos en el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde esas tribunas su trabajo siempre estuvo enfocado en cómo mejorar los sistemas de gobernanza de un país y de los territorios elementos esenciales para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la democracia.
¿Cuáles fueron los principales factores que motivaron el incremento en la recepción de propuestas internacionales para la explotación de salares en Chile?
En el llamado a presentar interés, se lograron 88 manifestaciones, de 54 empresas o consorcios y de 10 países diferentes, entre ellos Canadá, Australia, Estados Unidos, China y Singapur. Estos son resultados muy positivos, que superan las expectativas que teníamos.
Entre los factores que explican este éxito sin duda se cuenta el trabajo aplicado y riguroso que se ha dado en el Comité Interministerial, bajo la conducción del Ministerio de Minería. Asimismo, parece claro que las definiciones sobre la implementación de la Política Nacional del Litio han permitido despejar las dudas sobre la naturaleza de la colaboración público-privada, atrayendo más interés de las empresas.
Entre los factores que explican este éxito se debe, sin duda, al trabajo riguroso y aplicado del Comité Interministerial, liderado bajo la conducción del Ministerio de Minería. Asimismo, parece claro que las definiciones sobre la implementación de la Política Nacional del Litio han permitido despejar las dudas sobre la naturaleza de la colaboración público-privada, atrayendo más interés de las empresas.
Sobre todo, pesa la relevancia estratégica del litio frente al cambio climático que se impone como uno de los mayores desafíos de la economía mundial en los próximos años y ante el cual Chile se presenta como un polo de gran interés por sus considerables reservas. El país cuenta con una significativa cartera de salares, del orden de 26, libres de protección, para transformarse en fuentes productivas de litio.
En definitiva, Chile se ha situado en una línea de vanguardia en el mundo, ya que está abordando armónicamente todos aquellos aspectos claves para el desarrollo sustentable y exitoso de esta industria, lo que explica el evidente interés mostrado por países y empresas en este RFI.
Lo que sigue ahora es el proceso conducente al otorgamiento de Contratos Especiales (CEOL) para la producción de litio. El Ministerio de Minería ya está trabajando en ello y esperamos tener pronto un diseño que permita culminar el proceso en el primer semestre de 2025.
La relevancia estratégica del litio frente al cambio climático, uno de los mayores desafíos económicos mundiales de los próximos años, posiciona a Chile como un polo de gran interés gracias a sus considerables reservas. El país cuenta con una cartera significativa de 26 salares, libres de protección, listos para convertirse en fuentes productivas de litio.
En definitiva, Chile se ha situado en una línea de vanguardia a nivel mundial, abordando armónicamente todos los aspectos clave para el desarrollo sustentable y exitoso de esta industria. Esto explica el evidente interés mostrado por países y empresas en este RFI.
El siguiente paso es el proceso para el otorgamiento de Contratos Especiales (CEOL) para la producción de litio. El Ministerio de Minería ya está trabajando en ello, y esperamos tener pronto un diseño que permita culminar el proceso en el primer semestre de 2025.
¿Cómo garantiza el Gobierno la protección ambiental en medio de la expansión de la explotación minera, especialmente del litio considerando la asociación publico privada y el resguardo del recurso hídrico?
La industria del litio posee algunas características muy específicas con implicancias directas en materia ambiental. Se trata de un recurso no renovable, ubicado dentro de un ecosistema de mayor fragilidad que otros minerales, y que está en directa asociación con los recursos hídricos propios de los salares. Estas características resaltan la importancia de la protección medioambiental y la Estrategia Nacional del Litio adopta las recomendaciones de convenios internacionales sobre la materia.
Consistentemente con esto, el Consejo de ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la creación de una Red de Salares Protegidos, considerando las áreas protegidas ya existentes (8% de los salares preandinos y andinos), a la cual se añadieron 27 ecosistemas de lagunas y salares bajo un rango de protección oficial, ubicados principalmente en las regiones de Antofagasta y Atacama.
En el resto de los salares se velará, a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que los proyectos se desarrollen cumpliendo con los más altos estándares ambientales vigentes, además, se propiciará el uso de tecnologías menos riesgosas para el medio ambiente y la conservación del agua en particular, como las de extracción directa y la reinyección de agua.
En el contexto de la inflación y la estabilidad económica, ¿qué medidas está tomando el Ministerio para asegurar un crecimiento económico sostenible?
Para responder esta pregunta hay que tener presente que los desafío y oportunidades que hoy enfrenta el país son distintos a los de 30 años atrás. Entre 1990 y el 2000, Chile creció en base a los recursos naturales, creación de acuerdos comerciales, tributarios y de inversión, en un mundo que estaba en proceso de globalización. Nuestras tasas de crecimiento demográfico eran mayores y el mercado financiero se hacía más accesible a la población en general.
Estas oportunidades se aprovecharon bien, pero con los avances obtenidos, unido a los cambios en el entorno global, muchas de ellas se han ido agotando. Los desafíos actuales son más exigentes y complejos en términos de sostenibilidad, entendiéndola como la amplitud de factores en distintos ámbitos que permiten que la economía se desarrolle en el largo plazo. En este sentido, se observan mayores tensiones geopolíticas y comerciales, las regulaciones financieras son más estrictas y la población envejece.
Pero también surgen nuevas oportunidades. Los nuevos desarrollos tecnológicos hacia una economía más verde y digital abren nuevas oportunidades para Chile, en un Chile actual donde se observa una población con mayores ingresos y más exigente, y un menor potencial de crecimiento.
Por ejemplo, estamos experimentando un cambio muy trascendental en materia energética, donde estamos transitando de ser un país 100% dependiente de combustibles fósiles importados a ser autosuficientes –y eventualmente exportadores—de energías renovables.
En este contexto, se está trabajando para generar en Chile un camino de crecimiento más robusto, sostenido y sostenible, teniendo presente los desafíos y oportunidades que enfrentamos.
Un paso básico en este sentido fue recuperar los equilibrios macroeconómicos que se vieron alterados productos del estallido social, pandemia y respuesta sobre dimensionada de política. Junto a ello, como Gobierno nos hicimos cargo de una serie de obligaciones que estaban pendientes desde 2019: aumento no financiado de la PGU, deudas con prestadores de salud por COVID-19, plazo de aprobación de permisos, informalidad laboral, entre otros. Tras estos esfuerzos se ha logrado estabilizar y vamos mejorando la economía de manera eficiente, sin generar una recesión, lo que permite poner el foco en el crecimiento sostenido para futuro.
Considerando este desafío, el Pacto Fiscal propone una ambiciosa agenda procrecimiento, que busca aumentar la producción minera limpia y competitiva, desarrollar nuevos proyectos de litio y de energías renovables que permitan abastecer 2/3 de la matriz energética, generar proyectos para la obtención de hidrógeno verde, promover el crecimiento de la economía digital y fomentar el sector turismo como una actividad económica relevante.
Pero este crecimiento no solo debe ser sostenido, también debe ser sostenible y para ello se deben crear las condiciones institucionales que lo permitan. En esto se enfoca el fast track legislativo de 21 proyectos de ley del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Aquí se están abordando ámbitos de reforma al sector público, responsabilidad fiscal y medidas procrecimiento.
¿Cómo ve el papel de Chile en la transición energética global y qué ventajas cree que ofrece la posición estratégica del país?
Chile es de los países que en términos relativos genera menores emisiones y, sin embargo, sufre de manera importante los efectos del cambio climático, así como también de la contaminación y la pérdida de biodiversidad. En ese sentido, la motivación para transitar hacia un desarrollo medioambientalmente sostenible, y una economía más resiliente, es real.
Chile cuenta con condiciones naturales privilegiadas para generar energías “limpias”, pero no solo eso, ha sabido sacar buen provecho de éstas, promoviendo el desarrollo de tecnologías, atracción de inversiones e instalación de plantas que han llevado a que el país no solo se plantee un objetivo de -por ejemplo- promover la industria de H2V, sino que ha sido de los pocos -si no único- que efectivamente ha llegado a producir y exportar H2V (como derivado). La posición estratégica por lo tanto no solo se debe a la ventaja en las condiciones naturales, sino a la activa acción de política a través de la cual esas ventajas se traducen en pasos concretos.
En menos de una década contaremos con una matriz energética en que la participación de energías renovables no convencionales será cerca de 90%, estimada de acuerdo a las inversiones planificadas a la fecha. Esto debiera acelerarse en la medida que las condiciones para materializar dichas inversiones (y las que vengan) se vayan agilizando.
¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que enfrenta Chile al convertirse en un productor directo de litio a través de empresas estatales como Codelco?
Existen diversos elementos respecto de esta pregunta. Primero, en el contexto global de transición energética, el cobre y el litio juegan un papel fundamental. Por lo tanto, Chile, al convertirse en un productor clave de ambos recursos, a través del sector privado y Codelco, adquiere una posición estratégica a nivel mundial.
Esta estrategia posicionará a Codelco como líder en materia de extracción sustentable sobre las mayores reservas de litio en salmueras del planeta, actualmente explotables, en asociación con privados capaces de aportar capital, tecnología y acceso a mercados.
Al mismo tiempo, la participación de Codelco permitirá integrar en grandes proyectos los otros objetivos de la Política Nacional del Litio, incluyendo el resguardo del medio ambiente y las relaciones con las comunidades; la aplicación de nuevas tecnologías de extracción de litio, más eficientes y sustentables; y construir conocimiento especializado, que se ponga a disposición de los desafíos actuales y futuros del país en materia de desarrollo industrial en un sector estratégico global.
Esta labor realizada desde Codelco impone también el crucial desafío de crear en la empresa y las sociedades que constituya, los resguardos administrativos, operativos y financieros para proceder con esta tarea y a la vez cumplir cabalmente con los estándares recomendados por la OCDE en materia de empresas estatales.
Considerando los cambios recientes en las tarifas eléctricas, ¿cómo planea el Ministerio manejar el impacto en los consumidores, especialmente en los más vulnerables?
Hemos estado trabajando con el Ministerio de Energía en generar una propuesta que permita regularizar la situación tarifaria en el sector eléctrico sin afectar a los hogares más vulnerables. Esta parte de la base de que el congelamiento de tarifas que comenzó en 2019 era insostenible, con una acumulación de deudas del sistema que se aproximaba a los 6.000 millones de dólares, creciendo 100 millones de dólares cada mes.
La propuesta que se ha estado trabajando responde al mandato que surgió del Congreso al aprobarse la ley de normalización de tarifas, como es la constitución de una instancia para explorar alternativas de financiamiento para ampliar el esquema de subsidios creados en esa ley.
De esta manera, se ha generado una propuesta que permite triplicar los subsidios hasta alcanzar a 3 millones de hogares, correspondientes al 50% de la población, extendiéndolos además por todo un año, con un desescalamiento gradual. El financiamiento para estos subsidios provendría de una baja permanente en las cuentas proveniente de cambios en la estructura tarifaria, un impuesto a las emisiones de carbono de fuentes fijas, un alza en el cargo sistémico de los grandes consumidores y un aporte fiscal equivalente al mayor IVA generado por el propio aumento de las tarifas.
De este modo, todo el financiamiento para los mayores subsidios proviene del propio sistema eléctrico, evitando que compita por otros gastos prioritarios.
Estamos ahora en una fase de discusión y afinamiento de esta propuesta con los parlamentarios de las comisiones de energía y otros actores relevantes, de cara a enviar un proyecto de ley con urgencia al Congreso en agosto.
Con la introducción de la regla dual y las cláusulas de escape en la modificación de la Ley N°20.128 sobre Responsabilidad Fiscal, ¿cómo espera que estas medidas fortalezcan la estabilidad fiscal de Chile, especialmente en escenarios de crisis económica o desastres naturales?
Lo que busca el perfeccionamiento realizado a la regla fiscal mediante la introducción de una regla dual y la formalización de cláusulas de escape, se basa en las lecciones que hemos aprendido durante estos 23 años de aplicación de la regla fiscal en Chile. Por un lado, facultamos a la política fiscal de una mirada de mayor sostenibilidad al tener en consideración no tan sólo una regla operacional para la determinación del gasto de cada año, y también de una racionalidad con perspectiva en la trayectoria de la deuda al establecimiento de las metas de Balance Cíclicamente Ajustado.
A su vez, se le entrega mayor certeza y predictibilidad a la política fiscal al ordenar las condiciones que se constituyen como necesarias para una suspensión temporal de la regla fiscal, con énfasis en la promoción de los mecanismos de corrección posteriores, lo que hasta el momento era recogido con prácticas de facto, que no necesariamente cumplían con los estándares de transparencia y promoción que creemos deben ser fundamentales en la gestión fiscal de una administración.
Dado que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tendrá nuevas funciones de monitoreo y evaluación de proyecciones fiscales, ¿qué mecanismos se implementarán para asegurar la transparencia y efectividad en el cumplimiento de las metas fiscales a mediano y largo plazo?
Justamente las mayores facultades que se le entregan al CFA en este perfeccionamiento ponen énfasis en el acompañamiento que esta institución puede brindar para el fortalecimiento de la regla con una perspectiva en la sostenibilidad fiscal. De esta manera, se formalizan muchas de las buenas prácticas que hoy tenemos en la interacción con ellos, como es la revisión de escenarios proyectados y alternativos, con énfasis en las consecuencias sobre la trayectoria esperada de deuda, así como también ante eventuales desviaciones o activación de Cláusulas de Escape.
Con la presentación de la «Ficha de transparencia algorítmica» y la herramienta «Medición de sesgos y equidad estadística», ¿cómo planea el Ministerio de Hacienda integrar estas herramientas en las políticas públicas para asegurar una implementación ética y responsable de la inteligencia artificial en el sector público?
El Proyecto de Ley de IA (Inteligencia Artificial) recientemente ingresado al Congreso, establece que la Secretaría de Gobierno Digital estará a cargo de dictar directrices y lineamientos sobre IA para la Administración del Estado. Además, la ley que creó esta Secretaría establece que, a través de un reglamento, el Ministerio de Hacienda regulará los mecanismos e instrumentos de coordinación del uso estratégico de datos e información pública en la Administración del Estado, tema fundamental para fomentar el uso adecuado de las mencionadas herramientas.
En ese contexto, y siguiendo las buenas prácticas internacionales, se está llevando a cabo con la colaboración de OCDE y BID, una mesa público-privada de gobernanza de datos que dotará a estas herramientas de un marco estratégico y normativo más robusto para el país. Los productos de dicha mesa estarán disponibles durante septiembre de este año. Conjuntamente se lanzará durante este año la Estrategia de Datos de la Administración del Estado, que considerará expresamente la gestión de datos para inteligencia artificial.
El Ministerio de Hacienda cuenta actualmente con un convenio de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), el cual contempla financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar proyectos específicos dentro de este marco. A modo de ejemplo, se colaborará con el Consejo para la Transparencia y otras instituciones, para incorporar medidas de transparencia algorítmica y uso responsable de IA dentro del sector público. Finalmente se establecerán distintos estándares y directrices en materia de gestión de datos, datos abiertos y otros que permitan una mejor y más transparente implementación de la IA en el sector público.
Dado el impacto potencial de estas herramientas en la transparencia y equidad del uso de IA en las instituciones públicas, ¿qué medidas adicionales considera necesarias para fortalecer la confianza pública en el uso de tecnologías avanzadas por parte del Estado?
Se deben conectar las potencialidades de las tecnologías avanzadas con las necesidades de las y los ciudadanos, para lo cual es necesario evitar el determinismo tecnológico y enfocar la discusión en cómo estas tecnologías permiten mejorar la entrega de servicios públicos a las personas. El Ministerio de Hacienda realiza este trabajo a través de su Coordinación de Modernización del Estado, la que además de la Secretaría de Gobierno Digital, incluye al Laboratorio de Gobierno y a la Secretaría de Modernización, asegurando así una visión integral del aprovechamiento de la IA.
Como desafío a corto plazo, es muy importante consolidar el ecosistema de gobernanza digital que componen la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, la nueva Agencia de Ciberseguridad y la futura Agencia de datos personales. Lo anterior requiere fortalecer necesariamente la red de interoperabilidad del Estado, para que exista un intercambio expedito y seguro de datos e información entre los órganos públicos, que tengan a las personas en el centro. Chile está fortaleciendo su infraestructura tecnológica a través del proyecto que impulsa la adquisición de data center gestionado por el Ministerio de Ciencias y la colaboración público- privada, de la cual es parte el Ministerio de Hacienda.
Finalmente se debe impulsar una perspectiva equilibrada que fomente, por un lado, la inversión, la productividad y el crecimiento, y, por otro lado, el uso ético y responsable de las tecnologías emergentes. Para esto se requieren debates abiertos que incluyan a la ciudadanía, la industria, la academia, la sociedad civil y otros actores. Justamente, ese es el proceso que está liderando el Ministerio de Hacienda para generar estrategias y políticas de gestión de datos, identidad digital y gobierno digital.
