Con estrategias jurídicas eficientes y de excelencia, enriquecidas con un alto contenido técnico, GTR Abogados se posiciona como un estudio jurídico boutique que destaca por tener una alta especialización estratégica en derecho ambiental, y resolución de conflictos, para grandes empresas que deben gestionar sus proyectos de inversión.
GTR Abogados cuenta con la experiencia y liderazgo de sus tres socios principales: Rodrigo Guzmán Rosen, Paulina Toro Reyes y Cristián Ruiz Araneda, quienes responden ––en conjunto–– esta entrevista. Ellos poseen una reconocida trayectoria en derecho ambiental y administrativo en los sectores público y privado, que se complementa con reconocimientos al estudio en rankings internacionales como Chambers & Partners, Who’s Who Legal, y Best Lawyers.
Con más de 20 años de experiencia, que aúnan trayectoria, estrategia y visión innovadora para responder a los desafíos legales de las grandes inversiones en Chile, han asesorado a empresas de la industria minera, energética, litio, pesca, acuicultura, agroindustria, inmobiliario y saneamiento.
¿Cómo surge GTR Abogados?, ¿qué los unió para crear este estudio especializado en derecho ambiental?
GTR Abogados nació de una convicción compartida: que una práctica ambiental moderna exige una mirada mucho más técnica, rigurosa y estratégica, capaz de integrar la complejidad regulatoria con las necesidades de los proyectos de inversión.
Como equipo, venimos trabajando juntos desde 2015, cuando formamos el área ambiental de un estudio jurídico que logró exitosos resultados.
Fortalecimos una visión común y decidimos crear una nueva propuesta alineada con nuestros objetivos y convicciones, donde integramos nuestra experiencia en el sector público y privado, basada en una mirada colaborativa y enfocada en ofrecer soluciones jurídicas sólidas, éticas y técnicamente fundadas.
Nos unió el interés de acompañar como socios estratégicos a nuestros clientes, aplicando un enfoque cercano, riguroso e innovador, capaz de anticipar y responder a los desafíos legales de las grandes inversiones en Chile.
Al combinar experiencia pública y privada en temas ambientales, ¿qué los motivó a enfocarse en este nexo entre empresas y Estado?, ¿y han tenido trabas en sus procesos que les hayan imposibilitado su gestión?
Nos motivó darnos cuenta que los titulares de proyectos de inversión buscaban cumplir con las exigencias de la nueva institucionalidad ambiental. Sin embargo, no existía claridad de cómo generar y gestionar una relación entre el sector público y privado.
Nuestro profundo conocimiento del sistema público y la institucionalidad ambiental ––de la que formamos parte desde sus inicios–– nos permitió entender el detalle de su implementación y aplicación en la gestión de la evaluación, fiscalización y judicialización de los grandes proyectos de inversión de las empresas privadas. Asimismo, en nuestra práctica profesional con el mundo empresarial, comprendimos sus dinámicas, necesidades y desafíos regulatorios.
Comprobar que todo este conocimiento respecto de las necesidades de ambos sectores nos permitía articular con eficacia esta interacción, nos instaló en una posición de “nexo o interlocutor válido y creíble” entre el titular de proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia de Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales.
Establecer un círculo virtuoso entre el mundo privado y público en temas de regulación ambiental es el motor que nos desafía a continuar trabajando con los titulares de proyectos.
Sobre trabas que imposibilitan nuestra gestión, más bien hemos constatado que en materia ambiental hay tensiones derivadas de las distintas miradas que provienen del Estado, la ciudadanía y los regulados, lo cual desafía, pero no imposibilita la gestión de proyectos en los que participamos.
Por eso, nuestra experiencia en el sector público y privado es una ventaja que nos ha permitido comprender esas distintas visiones y transformarlas en estrategias y tácticas para el éxito de las gestiones que realizamos ante la administración en función de los intereses de nuestros clientes.
En un escenario regulatorio cada vez más exigente en nuestro país, ¿qué buscan hoy las empresas al momento de asesorarse en materia ambiental?
Las empresas buscan ser asesoradas por consultores que diseñen e implementen estrategias jurídicas eficientes, que les permitan planificar, invertir y cumplir eficazmente con las exigencias de la institucionalidad ambiental.
Un titular de proyecto espera reglas claras de parte de la autoridad; certeza jurídica; una gestión colaborativa con el sector público; celeridad en las evaluaciones de impacto ambiental y en la obtención de los permisos ambientales y sectoriales; además de fiscalizaciones informadas para el cumplimiento y la garantía de acceso a la justicia ambiental.
Para lograr este objetivo, las empresas exigen un acompañamiento permanente que les entregue respuestas jurídicas rigurosas, asertivas, oportunas, y con celeridad, eficacia y efectividad a sus problemas ambientales.
GTR ha trabajado con sectores desde la minería hasta la agroindustria. ¿Qué principios los guían para abarcar proyectos diversos?
Trabajamos guiados por tres pilares: excelencia, celeridad y acompañamiento integral.
Nos concentramos en ayudar a nuestros clientes a identificar riesgos, oportunidades, debilidades y fortalezas, así como colaborar en la toma de decisiones, entregándoles nuestra visión jurídica y estratégica de manera asertiva, oportuna y efectiva.
Tenemos como objetivo brindar una asesoría cercana y permanente, con soluciones concretas y realistas, basada en una relación de confianza, transparencia y compromiso personal con cada proyecto. Creemos que la calidad técnica debe ir siempre acompañada de un trato humano y colaborativo.
Nuestra visión integral nos convierte en un aliado confiable para impulsar proyectos sostenibles, sólidos y viables, en un contexto cada vez más exigente y desafiante.
Considerando su reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, ¿qué creen que distingue su forma de ejercer el derecho ambiental?
Nos distingue la manera en que abordamos los casos: con una mirada estratégica y jurídica a la vez. Nos toca trabajar en materias de alta complejidad y eso exige entender no sólo la normativa, sino también el contexto global, los factores sociales, técnicos y económicos que inciden en cada proyecto, según los requerimientos y singularidades de cada cliente.
Aseguramos una asesoría legal experta, competente, confiable y consistente, dotada de una particular sensibilidad enriquecida por el conocimiento adquirido tanto en el sector público como privado, factor fundamental para la puesta en marcha de iniciativas productivas en estos tiempos.
Este enfoque nos ha dado excelentes resultados con muchos clientes, en solo cuatro años de gestión de nuestra oficina.
¿Cómo han implementado las nuevas tecnologías, como la innovación y la Inteligencia Artificial (IA), en los procesos de la empresa o con sus clientes?
Estamos en un proceso continuo de identificación de tecnologías que sirvan para el mejor desarrollo de nuestro trabajo. Así, hemos incorporado diferentes herramientas, tales como plataformas que mediante códigos API (Interfaz de Programación de Aplicaciones, por su traducción en inglés) se conectan a bases de datos abiertas permitiendo optimizar los procesos de búsqueda de información.
Además, nos mueve el convencimiento de que la inteligencia artificial es una poderosa herramienta que se ha ido integrando en distintas tareas que componen nuestros servicios y la recogemos como un componente que asumirá un rol cada vez más preponderante.
Actualmente estamos colaborando con desarrollos que, por ejemplo, están orientados a usar la Inteligencia Artificial (IA) para procesar grandes volúmenes de información ––como los expedientes de evaluación–– o para hacer análisis de seguimiento e impacto normativo. Esto, bajo la premisa permanente de cumplir cabalmente con la regla de «human in the loop«, ya que, atendida nuestra especialidad, cada caso requiere de un análisis singular y concreto para dar un adecuado acompañamiento a nuestros clientes. A lo anterior, sumamos el resguardo necesario de la confidencialidad y protección de su información.
Por último, y pensando en el futuro, ¿cómo imaginan el rol de los abogados ambientales en los próximos años en Chile?
Hay dos aspectos centrales que nos interesa relevar del rol de los abogados ambientales en Chile en el futuro.
El primero tiene relación con el cambio climático que exigirá desarrollar e implementar nuevas políticas públicas, regulaciones y mecanismos de adaptación y mitigación. En este escenario, el abogado ambiental deberá apoyar a las empresas en la traducción de esas nuevas políticas y marcos normativos en estrategias de cumplimiento.
El segundo aspecto dice relación con la tecnologización del Estado y la digitalización de la fiscalización ambiental. En los últimos años, la Superintendencia del Medio Ambiente ha incorporado de manera progresiva plataformas digitales para la recepción, monitoreo y análisis de datos ambientales, fortaleciendo la trazabilidad y verificabilidad de la información que proviene de los regulados, con lo cual la naturaleza de la fiscalización ha mutado.
Por ello, el abogado tendrá que adaptarse a un contexto en que la evidencia ya no tendrá origen sólo en actos presenciales o documentos materiales, sino además en relaciones de datos estructurados y procesados mediante algoritmos.
Esto plantea algunas cuestiones de interés, como la trazabilidad algorítmica, la transparencia de los procesos así generados y los límites del uso de IA en decisiones que definitivamente tienen repercusiones en los derechos e intereses de los regulados.
SOBRE SUS SOCIOS
Rodrigo Guzmán Rosen: abogado de la Universidad de Chile, reconocido desde 2014 por Chambers and Partners como uno de los abogados líderes en derecho ambiental en Chile. Es una de las figuras más influyentes y confiables del país en materia de regulación y gestión ambiental. Con más de 25 años de trayectoria en el sector público y privado, ha construido un liderazgo en derecho ambiental basado en la consistencia, el rigor técnico y la capacidad de generar certeza en entornos complejos. Formó parte de la institucionalidad ambiental desde sus inicios, lo que le otorga credibilidad para evaluar el actuar de los organismos públicos y su relación con los privados. Esta experiencia le permite diseñar estrategias jurídicas y ambientales integrales que aseguran la viabilidad de los proyectos de inversión. Es autor de dos obras en la materia: Regulación Constitucional del Ambiente en Chile (2010) y Derecho Ambiental Chileno (2012).
Paulina Toro Reyes: abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Con más de dos décadas de experiencia en el sector público y privado, su trayectoria integra conocimiento jurídico, mirada interdisciplinaria y una comprensión profunda de la institucionalidad ambiental chilena. Reconocida desde 2015 por Chambers and Partners, es una de las pocas mujeres en Chile que es socia fundadora en un estudio jurídico especializado en derecho ambiental y recursos naturales, desde donde impulsa una práctica profesional basada en la consistencia, la excelencia técnica y legal. Representa a una generación de abogadas que aportan una mirada más humana y colaborativa a la gestión ambiental. Además, ejerce como profesora de Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad de Santiago de Chile.
Cristián Ruiz Araneda: abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster (c) en Regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez, en sus quince años de experiencia se ha destacado como profesional del derecho ambiental. Es socio fundador de GTR Abogados y su práctica se sustenta en la convicción de que el desarrollo sostenible requiere corresponsabilidad, cumplimiento y confianza mutua entre las empresas, la autoridad y las comunidades. Asesora en el diseño y ejecución de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y destaca su defensa en procesos sancionatorios de alta complejidad, por su conocimiento sobre los criterios aplicados por las autoridades, en particular, por la Superintendencia del Medio Ambiente. Orienta a las empresas en el desarrollo de planes de acción en escenarios complejos para transitar hacia una gestión ambiental preventiva, capaz de anticipar riesgos.
Fotografías: Antonia Lyon Schaffer
