Reforma Tributaria: Miradas desde las y los funcionarios públicos

• Por José Pérez Debelli, Presidente Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF.

En cualquier democracia moderna, el diseño de políticas públicas se realiza tomando como base, las distintas miradas existentes respecto a las necesidades de su población y las mejores estrategias posibles para poder dar cuenta de ellas. 

Sin embargo, en nuestro país durante largas décadas se nos ha intentado hacer creer que las políticas públicas, y especialmente las políticas tributarias, corresponden a un debate eminentemente técnico, que por ende, debe ser abordado de forma exclusiva por las autoridades competentes y especialistas. 

Desde el movimiento sindical, hemos sido especialmente críticos con esta mirada “tecnocrática” predominante, razón por la que hemos impulsado distintas iniciativas para seguir profundizando el debate democrático, y avanzar hacia nuevos modelos de gestión, cada vez más inclusivos y sustentables, que nos permitan seguir avanzando en la senda del desarrollo.  

En el caso específico del debate tributario, las organizaciones de trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, han emplazado sistemáticamente a las distintas autoridades y actores económicos del país, a definir un nuevo pacto tributario para Chile, que establezca con claridad acuerdos sustantivos sobre cuánto recaudar, de quiénes recaudar y cómo recaudar, que permitan poner fin a la seguidilla de reformas y contra reformas tributarias que se han discutido durante la última década, otorgando un nuevo marco de estabilidad, justicia fiscal y desarrollo sostenible.  

Para ello, elaboraron sendos diagnósticos de la situación tributaria nacional, e impulsaron diversas iniciativas con organizaciones de la sociedad civil, que permitieron, conformar la Red Ciudadana por la Justicia Fiscal, que realizó importantes aportes al debate tributario con el aporte de connotados investigadores de la talla de Michel Jorrat y Ricardo Martner.  

En atención a estos diagnósticos, el Gobierno de Gabriel Boric encomendó a la OCDE realizar un estudio comparado de nuestras políticas tributarias respecto a los demás países integrantes de esta organización, con miras a objetivar este debate y contextualizarlo con la realidad internacional. Las conclusiones de este informe no solo ratifican los distintos planteamientos formulados desde nuestras organizaciones sindicales, sino que además establecen:  que el modelo tributario vigente en Chile es excepcional en el contexto internacional, tanto en materia de recaudación tributaria como de aportes a la seguridad social. 

Asimismo, planteó que existe un amplio margen para el aumento de la carga tributaria sin perder competitividad respecto a los demás países de la región; que el sistema tributario chileno posee niveles mínimos de progresividad, y que para incrementarlos, debe aumentar sustantivamente la recaudación proveniente de la renta de personas naturales y jurídicas, así como de la actividad minera, que existe un amplio margen de mayor recaudación por vía del control de la evasión y elusión en IVA e impuesto a la renta; y por último, que si Chile desea seguir avanzando hacia el desarrollo, debe incrementar de forma sustantiva su recaudación tributaria, a la luz de la experiencia de otros países miembros cuando tenían su mismo PIB per cápita.

Pese a la claridad y contundencia de este diagnóstico, que fue complementado con un amplio debate en los “diálogos tributarios” y un intenso trabajo pre legislativo impulsado desde el Ministerio de Hacienda, la propuesta de reforma presentada por el Gobierno no logró los votos suficientes para aprobar la idea de legislar, postergando de forma inexplicable un debate en el que incluso el gran empresariado ha mostrado una mayor apertura que los parlamentarios de oposición, que una vez más, han puesto en evidencia su visión excesivamente ideológica en esta materia. 

Frente a la nueva convocatoria que ha realizado el Gobierno para retomar la discusión tributaria, desde nuestras organizaciones sindicales ratificamos nuestro compromiso por avanzar en acuerdos sustantivos que profundicen nuestra democracia y justicia fiscal, y hacemos un llamado a los distintos sectores políticos y económicos, a priorizar el interés superior del país por sobre las legítimas diferencias que nos han distanciado en esta materia. 

Solo podremos volver a avanzar en paz social, seguridad y desarrollo económico, en la medida que establezcamos un nuevo marco de relaciones, basados en el respeto irrestricto de los derechos de todos los involucrados. Para ello es indispensable avanzar en una distribución más justa de las riquezas de nuestro país, donde instrumentos como éste, sumado a otros como la ampliación de la negociación colectiva, la subida del ingreso mínimo, el royalty minero, la formalización del mercado de trabajo y un sistema de pensiones dignas, son aristas que el sistema político debe abordar con urgencia y de manera conjunta, no aislada. El país y nuestros compatriotas no pueden seguir esperando.