Gigante minero Lundin Mining Corp revisa inversión por US$ 500 millones en Chile ante escenario político y evalúa a Argentina

La minera Lundin Mining Corp., que recientemente gastó US$1.000 millones en mejorar su operación de cobre en Chile, monitoreará los posibles cambios en las leyes chilenas antes de proceder con una expansión subterránea estimada en US$500 millones, dijo el presidente Lukas Lundin, esto en una señal ante los cambiantes vientos políticos de América del Sur y el contexto político que se vive en Chile. En tanto, al otro lado de la cordillera de los Andes, en San Juan, el grupo sueco-canadiense conversa con funcionarios argentinos sobre un proyecto multimillonario de cobre, plata y oro.

Chile se ha convertido en proveedor dominante de cobre a nivel mundial gracias a sus regulaciones estables y favorables, además de sus gigantes depósitos. Argentina, por su parte, con su política volátil y poco ortodoxa había limitado hasta ahora el desarrollo de su vasta riqueza mineral. Sin embargo, la brecha de riesgo podría estar a punto de reducirse tras la elección en Chile de una asamblea que coloca la redacción de una nueva Constitución en gran parte en manos de la izquierda, dejando a las minas vulnerables a reglas más estrictas. La votación del fin de semana también podría agregar impulso a un proyecto de ley para crear una de las cargas fiscales más pesadas de la industria.

La perspectiva de un entorno operativo más oneroso en Chile está haciendo que la industria se detenga justo cuando el mundo clama por más cobre en una incipiente transformación a la energía verde. Para Lundin, los cambios se producen al tiempo que la empresa finaliza los estudios sobre una expansión subterránea. “Vamos a esperar y ver antes de invertir demasiado dinero, estoy seguro de que todos los demás están haciendo lo mismo”, dijo Lundin en una entrevista el martes. “Si hay demasiada incertidumbre en el próximo año, año y medio, obviamente no presionaremos el botón”.

Los vientos en contra de la regulación en Chile provienen de los esfuerzos para abordar las desigualdades persistentes que provocaron el peor malestar social en una generación. Las tensiones se han visto exacerbadas por la pandemia y los precios récord del cobre. Aún así, el proceso constitucional durará un año y las empresas mineras extranjeras tienen acuerdos de estabilidad que las protegen de cambios fiscales hasta al menos 2023.

 

 

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