Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley Bono Clase Media y préstamo solidario
- Por Vicente Iriarte
En la jornada de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto destinado a la clase media y el préstamo solidario, enviadas por el Ejecutivo para ayudar a los sectores más afectados por la pandemia.
Luego de ser aprobado por el Senado, la Cámara Baja aprobó el proyecto al lograr 132 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Pese a que existen incompatibilidades respecto a los incisos 2 y 3 del artículo 8 sobre las incompatibilidades del bono respecto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), este fue visado por una amplia mayoría.
El Ejecutivo logró un acuerdo con la oposición, estableciendo que el dinero del IFE entregado en los dos primeros meses del año, no sea descontado del bono clase media de $500.000.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, declaró que “durante el año pasado en términos de ayuda a las familias se ejecutaron algo más de US$6.100 millones, y lo que el Presidente anunció hace unos días es que van a ver US$6.000 millones adicionales, prácticamente lo mismo que se ejecutó en 2020 para ejecutar las nuevas ayudas sociales durante los meses de abril, mayo y junio”.
Además, agradeció a los jefes de bancada de la Cámara, señalando que “creemos que hemos logrado un buen acuerdo”.
En relación al tema, el diputado Manuel Monsalve (PS) valoró los avances logrados, manifestando que “hay un avance sustancial para todos aquellos que tienen bajos ingresos. Es un bono universal para ellos sin condiciones y particularmente creo que es una buena noticia para todos los chilenos que tienen salario mínimo”.
En el debate por el proyecto, tanto en la Cámara como en el Senado, se lograron una serie de mejoras a la idea original, lo que facilitó su aprobación.
Entre ellas se estableció una nueva base de comparación en la caída de ingresos, utilizando un promedio de los seis meses del segundo semestre de 2019 con los mismos seis meses de 2020.
También la entrega de un bono excepcional de $100.000 para los pensionados por vejez e invalidez, un aumento de la cobertura de IFE del 60% al 80% más vulnerable, y la implementación de un sistema de reclamo administrativo, destinado a aquellos que sus beneficios hayan sido rechazados.
