Comisión de Constitución retoma la discusión de impuesto a los “súper ricos”

 

  • Por Vicente Iriarte.

 

 

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados volvió a considerar la iniciativa que busca aplicar un impuesto a los llamados “súper ricos”, aproximadamente un 2,5% a patrimonios de US$ 22 millones.

El debate volvió a tomar fuerza gracias a los economistas que entregaron argumentos en contra esta imposición, entre ellos Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda; Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda; el coordinador Macroeconómico de Clapes.UC, Hermann González; el académico de la Universidad de Chile, Jorge Hermann; el economista cercano al PC, Fernando Carmona; y Sebastián Izquierdo, director ejecutivo de Horizontal.

Cinco de los seis economistas demostraron su rechazo a aplicarlo, argumentando a las complejidades técnicas y el poco rendimiento que entrega.

Valdés apuntó que en el caso de los países desarrollados “están mal diseñados, generan mucha evasión y pocos ingresos”. Por otro lado, Alejando Micco acotó que “los problemas fiscales de Chile son estructurales, por lo que es poco creíble que sea por una sola vez”, y criticó también que el impuesto se calcule en base al patrimonio bruto. “La tasa 2,5% parece alta”.

Por su parte, Jorge Hermann comentó que “existe una serie de dificultades como el disminuir el ahorro, doble tributación, tratamiento similar a las ganancias y pérdidas de riqueza, compleja valorización en algunos activos, cambio de domicilio tributario y desincentiva el capital de riesgo, además sería institucional”.

Izquierdo apoyó los dichos de Hermann respecto al ser inconstitucional y al poco rendimiento. Hermann González por su parte, sostuvo que solo cuatro países mantienen este impuesto: España, Noruega, Suiza y Colombia, y fue se fue eliminando por su baja recaudación y nulos efectos en la economía.

El único defensor de la propuesta, Fernando Carmona, defendió el tramo de US$22 millones establecido “porque significa 30 veces el ingreso medio per cápita de un país, es decir, son personas que viven de intereses”.

Junto con ello acotó que “se podría recaudar US$3.909 millones en impuesto, por una vez, con ajuste por evasión, lo que estimó relevante en momentos de pandemia”

Según la propuesta, el implantar este impuesto podría generar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones, lo que permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia por sobre la línea de la pobreza.

 

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