Clasificadoras Moody’s y Fitch prevén incertidumbre en inversionistas debido al cambio constitucional

• Por Felipe Pinochet.

Moody´s y Fitch fueron las primeras agencias clasificadoras de riesgo en pronunciarse luego del triunfo del Apruebo en el plebiscito de este 25 de octubre, planteando que la incertidumbre política asociada al proceso constituyente que se avecina no será positiva para los inversionistas.

Así, desde Moody´s, indicaron que observan riesgos en el mediano plazo en el proceso de redacción de una nueva Carta Magna. “Los cambios materiales en el marco legal incorporado en la constitución podrían afectar negativamente, tanto el sentimiento de los inversionistas como en las tendencias de gasto del Gobierno”, agregaron.

No obstante, la agencia puso paños fríos, y señalaron que “existe un riesgo bajo a moderado de que se produzcan cambios institucionales significativos y fundamentales dado que hay un amplio apoyo público para preservar los aspectos fundamentales del modelo económico de Chile, tales como libre mercado, derechos a la propiedad privada e independencia del Banco Central».

En tanto, Fitch advirtió que el proceso de reescritura de la nueva Constitución, sumado a la casi decena de elecciones que experimentará el país en los próximos dos años, “plantean incertidumbres políticas que podrían frenar las perspectivas de inversión y recuperación económica. Esto posiblemente se sumará a presiones para un mayor gasto social y posiblemente posponga los ajustes fiscales estructurales que serían esenciales para estabilizar la deuda con respecto al PIB”.

De igual manera, la agencia afirmó que en el nivel actual de las calificaciones en la que se mantiene nuestro país “pueden soportar mucho ruido político”.

Por otro lado, Moody´s puntualizó que “existe el riesgo de que la convención constitucional pueda establecer prioridades de política que son fundamentalmente diferentes de las que existen actualmente, ya que podría impulsar la expansión significativa de los derechos sociales garantizados, lo cual conducirá a aumentar el gasto gubernamental por mandato constitucional”.

Adicionalmente, indicaron que se podría llegar a “definir un papel más activo del Gobierno en la economía, lo que podría conducir a un aumento material de las regulaciones que tendría un efecto perjudicial sobre la inversión privada y la competitividad”.