Gobierno contempla posibilidad de que beneficios del Seguro de Cesantía se extiendan por hasta 5 meses más
- Por Felipe Pinochet.
Durante la semana se vieron avances en el Congreso en lo que respecta a la tramitación de las modificaciones al acceso del Seguro de Cesantía, donde nuevas indicaciones buscan asegurar que los trabajadores obtengan el 55% del promedio de su remuneración en el caso de ser despedidos, suspendidos o haber visto reducidas sus jornadas laborales. También, se pretende extender el periodo de estos beneficios por hasta 5 meses.
De esta forma, el Ejecutivo habría agregado dos indicaciones durante las últimas horas, que van dirigidas a mejorar las condiciones de acceso a los Fondos de Cesantía. La idea de la primera moción es facilitar aún más el acceso al beneficio al eliminar la exigencia de la dictación de un decreto supremo, esto para que los trabajadores puedan percibir el quinto giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario según el porcentaje que establece la propuesta del Ejecutivo.
En tanto, la segunda indicación, otorgaría la facultad de que el Gobierno pueda extender por un máximo de hasta cinco meses las modificaciones realizadas a la Ley de Protección al Empleo y al Seguro de Cesantía, en el contexto de la pandemia del Covid-19.
Así, lo que se estudia es que el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, pueda definir durante los siguientes tres meses si las condiciones sanitarias junto a las del mercado laboral del país ameritan que la flexibilización para el acceso al Seguro de Cesantía se extiendan regional o nacionalmente.
En cuanto a la suspensión laboral, el plazo máximo de extensión serían 5 meses a partir del 1 de noviembre (actualmente la vigencia termina el 31 de octubre). A su vez, para la reducción de la jornada, el proyecto lo extiende desde febrero de 2021 a julio del mismo año.
Las empresas que han solicitado acogerse a la Ley de Protección del Empleo hasta el 19 de julio, sumaban 112.117. De ellas, 81.178 llegaron a un pacto de suspensión, mientras que 41.700 responden a un acto de autoridad. En tanto, los trabajadores autorizados acogidos a la ley y cuyos contratos se han suspendido suman 693.139 hasta la fecha.
Por otra parte, para el senador PS y miembro de la instancia, Carlos Montes, la respuesta del Gobierno no ha sido del todo satisfactoria. «Si bien las indicaciones buscaban mejorar beneficios y ampliarlos, estamos preocupados por mucha gente que no tiene protección social efectiva”, apuntó.
